En una entrevista exclusiva con Informe Central, por CNM Radio 93.3, Juan Pablo Calderón, fiscal a cargo de la investigación por el derrumbe del Hotel Dubrovnik de Villa Gesell, detalló el estado de la causa, las conclusiones de las pericias y las posibles responsabilidades. Hay 17 personas imputadas y la Fiscalía analiza avanzar hacia el juicio oral por la tragedia que dejó nueve víctimas fatales en octubre de 2024.
A dos años del derrumbe del Hotel Dubrovnik de Villa Gesell, la investigación judicial continúa abierta y atraviesa una etapa clave. En diálogo con los periodistas de Informe Central, por CNM Radio 93.3, el fiscal Juan Pablo Calderón brindó un pormenorizado informe sobre el expediente, el resultado de los estudios técnicos y los pasos que espera concretar en los próximos meses.
El funcionario confirmó que en agosto recibió el último informe correspondiente a una ampliación pericial y que actualmente la Fiscalía analiza el conjunto de la evidencia para definir la situación procesal de los imputados. Además, explicó que solicitó al Juzgado de Garantías una prórroga de seis meses para avanzar con la investigación y resolver, en primer término, la situación de quienes fueron imputados en la etapa inicial.
17 personas imputadas y ninguna desvinculada
Durante la entrevista con CNM Radio 93.3, Calderón precisó que hay 17 personas imputadas: 12 corresponden a la primera etapa de la investigación y otras cinco fueron incorporadas posteriormente, a partir de los elementos que surgieron de los informes periciales. “Los imputados son muchos, digamos, porque imputado no quiere decir que sea el responsable penalmente, es alguien que se lo está investigando”, aclaró Calderón durante la entrevista. De las primeras 12 personas, cinco fueron convocadas a declarar en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal. En la etapa inicial hubo personas detenidas, entre ellas trabajadores que se encontraban en el edificio al momento del derrumbe y un arquitecto vinculado con las obras de refacción. Luego recuperaron la libertad por decisión judicial, aunque continuaron ligados a la causa. En la etapa inicial hubo personas detenidas, entre ellas trabajadores que se encontraban en el edificio cuando ocurrió el derrumbe y un arquitecto vinculado con las tareas de refacción. Posteriormente, recuperaron la libertad por decisión judicial, aunque continúan vinculados a la causa. Calderón remarcó que, hasta el momento de la entrevista, ninguna de las personas imputadas había sido desvinculada de la investigación. Ahora, la Fiscalía debe definir si solicita la elevación a juicio de la primera parte del expediente. .
Qué determinaron las pericias sobre el edificio
Uno de los ejes centrales de la investigación es establecer por qué se desplomó el hotel. Según explicó el fiscal en Informe Central, los informes periciales coincidieron en señalar que el edificio presentaba graves deficiencias desde su concepción original. El diagnóstico fue compartido por los peritos oficiales y por los profesionales que intervinieron a propuesta de las partes. Entre las irregularidades señaladas figura la ausencia, en el expediente municipal histórico, del cálculo estructural que debía respaldar la construcción. Sin embargo, Calderón aclaró que los peritajes no lograron identificar de manera concluyente cuál fue la causa concreta del colapso. Esa limitación constituye uno de los principales desafíos de la investigación, porque la Fiscalía debe evaluar el conjunto de las pruebas para determinar si existen elementos suficientes que permitan atribuir responsabilidades penales. Los informes descartaron que las tareas realizadas en el hueco del ascensor fueran la causa del derrumbe. Ese sector permaneció en pie, a diferencia de la parte del edificio que colapsó. Respecto de las reformas que se ejecutaban en el sector derrumbado, los especialistas indicaron que eran trabajos no estructurales, como el cambio de aberturas, la pintura y la renovación de pisos. Según explicó el fiscal, no pudieron determinar que esas intervenciones hubieran afectado directamente la estructura ni establecer una relación causal concreta con el colapso.
Según explicó, los especialistas descartaron que las tareas que se realizaban en el hueco del ascensor fueran el origen del derrumbe, ya que ese sector permaneció en pie. También indicó que las reformas que se ejecutaban en la parte del edificio que colapsó no eran estructurales: incluían trabajos como el cambio de aberturas, pintura y renovación de pisos. Los peritos no pudieron establecer que esas intervenciones hubieran afectado directamente la estructura ni confirmar una relación causal concreta entre las reformas y el colapso. Sin embargo, Calderón señaló que los informes contemplaron que determinadas tareas pueden tener incidencia en una estructura que ya presenta deficiencias, incluso cuando no se trate de intervenciones estructurales. Entre los ejemplos mencionó las vibraciones provocadas por herramientas de percusión y la sobrecarga generada por el acopio de materiales. En ese escenario, el fiscal destacó un elemento que considera relevante para sostener la hipótesis de la acusación: el momento en que ocurrió el derrumbe. “Es verdad que estaba mal hecho, pero no colapsó en cualquier momento, colapsó justo cuando se estaban haciendo las tareas de remodelación”, expresó. En ese contexto, el fiscal sostuvo ante los micrófonos de CNM Radio 93.3 que el hecho de que el edificio se derrumbara precisamente mientras se realizaban trabajos de remodelación constituye un elemento relevante para analizar la posible responsabilidad de quienes intervenían en esa obra. Aclaró que la conclusión deberá surgir de la evaluación integral de la prueba.
La investigación también apunta a la construcción original
Los resultados técnicos llevaron a ampliar el alcance de la investigación. Además de las personas vinculadas con las tareas de remodelación, la Fiscalía incorporó a cinco nuevos imputados relacionados con el diseño original del edificio y con la intervención municipal durante su construcción. Calderón explicó que el expediente histórico comprende actuaciones de las décadas de 1980 y 1990. Según reconstruyó, durante el proceso de construcción hubo intervenciones municipales que ordenaron detener los trabajos porque no contaban con las autorizaciones correspondientes. Sin embargo, tiempo después, cuando el edificio ya estaba levantado, se aprobó la documentación denominada “conforme a obra”. El fiscal explicó que esa aprobación implica reconocer que lo construido se corresponde con lo presentado en los planos, pero no necesariamente supone una verificación de cómo se ejecutó internamente la estructura. En el caso del Dubrovnik, los peritos detectaron deficiencias en las dimensiones de elementos estructurales, como vigas y columnas, y no encontraron en el expediente el cálculo estructural que debía respaldar la obra. Por esa razón, la investigación busca determinar si también existen responsabilidades entre quienes diseñaron el edificio y quienes intervinieron en la aprobación de los planos. El fiscal señaló que el paso del tiempo y la eventual jubilación de funcionarios no descartan por sí solos una posible responsabilidad penal, aunque su existencia deberá establecerse dentro del proceso judicial. La hipótesis de la acusación contempla tanto las posibles responsabilidades vinculadas con la construcción original como las relacionadas con los trabajos que se desarrollaban cuando ocurrió el derrumbe. Se trata de una teoría que deberá ser evaluada judicialmente y frente a la cual los imputados podrán ejercer sus defensas.
Otro de los factores que explican la duración de la investigación es el volumen de documentación y evidencia reunida. En la entrevista con Informe Central, Calderón indicó que el expediente cuenta con alrededor de 2.100 actos procesales y que, aunque actualmente se tramita de manera digital, requiere un análisis minucioso. La Fiscalía ya dispone de la mayor parte de los elementos probatorios, pero todavía resta completar algunas tareas, entre ellas el análisis de material informático contenido en una computadora secuestrada. El objetivo es revisar la evidencia disponible y determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar hacia una instancia de juicio oral. El fiscal anticipó que probablemente deba dividir el proceso en etapas. La intención es avanzar primero con la situación de las personas que ya prestaron declaración y continuar posteriormente con los nuevos imputados, que todavía no fueron convocados a esa instancia. Según explicó, esta alternativa permitiría evitar que toda la investigación se extienda más de lo necesario y, al mismo tiempo, ofrecer una respuesta judicial más próxima a los familiares de las víctimas.
¿Cuándo podría llegar el juicio?
Consultado por los periodistas de CNM Radio 93.3 sobre los plazos, Calderón manifestó que espera poder solicitar la elevación a juicio de la primera parte de la causa durante los próximos meses. Aclaró que esa posibilidad depende de que la Fiscalía considere reunidos los elementos necesarios y de que el juez de Garantías avale el pedido. Si la solicitud fuera rechazada, podrían abrirse nuevas instancias de revisión. Además, una eventual elevación a juicio no significa que el debate oral comience inmediatamente, ya que también dependerá de la agenda y los tiempos de los tribunales. Por eso, aunque expresó su expectativa de que el proceso avance antes de 2028 o 2029, no estableció una fecha concreta para el inicio de un eventual juicio. La acusación se encuadra en la figura de estrago culposo seguido de muerte. Por el momento, no existe una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de las personas imputadas.
El compromiso de avanzar hacia una definición
Sobre el cierre de la entrevista con Informe Central, Calderón coincidió en la importancia de que la investigación pueda ofrecer respuestas a los familiares de las nueve víctimas fatales. El fiscal sostuvo que ese es precisamente el objetivo del trabajo que lleva adelante la Fiscalía. A dos años de la tragedia, la causa busca reconstruir cómo confluyeron las deficiencias de la construcción original y las circunstancias de los trabajos que se realizaban en el hotel. La definición de las responsabilidades y el eventual paso a juicio serán los próximos hitos de un expediente que continúa bajo investigación. La entrevista completa al fiscal Juan Pablo Calderón se realizó en Informe Central, por CNM Radio 93.3, donde brindó detalles sobre el avance de una de las causas judiciales más relevantes de Villa Gesell.
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